Henrí-Baptiste Grégoire, cabeza de la Iglesia galicana, ejerció fuertes presiones sobre Godoy y los grupos dirigentes madrileños para la abolición del tribunal de la Inquisición española y para defender la jurisdicción episcopal originaria y el derecho del Rey a intervenir en cuestiones de disciplina eclesiástica. Todas las materias reservadas a la cancillería pontificia -la recaudación de las anatas, los derechos de colación de los beneficios, los derechos por dispensas matrimoniales...... constituían abusos en detrimento del derecho canónico y debían ser restituidas a los obispos españoles. El debate ocupó las relaciones diplomáticas del gobierno español con Roma durante los años 1797-1799.