Esta investigación pretende ser un exhaustivo estudio de una de las instituciones más novedosas dentro del sistema político español, el Justicia de Aragón. La aparición de esta institución supuso una modificación en el entramado institucional de la Comunidad Autónoma, que tuvo que adaptarse a la existencia del nuevo organismo al que se le encomendaba no sólo las funciones tradicionales de los Ombudsmen, sino que se le otorgaba la competencia para tutelar el ordenamiento jurídico aragonés y defender el Estatuto de Autonomía. El análisis tanto de su marco regulador y teórico, como de la evaluación sobre todos estos años de funcionamiento real de la institución que en la mayor parte de los casos ha desbordado lo previsto normativamente, aunque con un mayor protagonismo de ésta última, es la esencia que subyace en la naturaleza de este estudio que comienza con su inicial regulación en el Estatuto de Autonomía y comprende la labor de los tres titulares que hasta el momento han sido elegidos, y que han protagonizado tres etapas bien diferenciadas de la institución del Justiciazgo. La reacción que se ha producido en los órganos supervisados ante la labor de control y fiscalización de la actividad de la Administración Pública, y de protección de los derechos y libertades ciudadanas que desarrolla el Justicia ha sido por último otro de los factores estudiados.Hacia todas estas direcciones se ha dirigido la investigación, que aunque contiene reiteradas menciones a las figuras análogas existentes en España y al Ombudsman estatal, no es en absoluto un estudio comparado, sólo se realizan en la medida en que coadyuvan a un mayor conocimiento de la institución aragonesa.